LA TERCERA FUE LA VENCIDA.

“Solamente” fueron necesarios: una resolución judicial; una resolución de la Corte Marcial; y tres dictámenes de la Contraloría, para deshacerse del cabo Walter Ramírez. Casi nada.

Hace dos días, escribí que me imaginaba lo que pasaría, y, por su puesto, pasó. La Contraloría cedió por cansancio, por presiones del gobierno, o por lo que sea, pero finalmente cedió. Claro que con ciertos resguardos. La Contraloría dijo: "Carabineros de Chile cuenta con mecanismos jurídicos para disponer la baja de los funcionarios que a su juicio hayan incurrido en faltas graves, con prescindencia de la existencia de un fallo judicial concerniente a los mismos hechos, medida que, en todo caso, debe ser adoptada fundadamente". "Corresponde a Carabineros de Chile ponderar si la conducta de uno de sus funcionarios se encuadra en el literal aludido, pudiendo adoptar en tal caso la medida en comento". 

"En efecto -añade- la letra del referido artículo 127 bis permite a la autoridad policial disponer el licenciamiento del Personal de Nombramiento Institucional por razones de ética profesional, por -Incurrir en conductas que lesionen o quebranten gravemente la disciplina, la moralidad o el prestigio institucional", debiendo adoptarse esta medida por resolución fundada, produciendo sus efectos de inmediato. Es decir, se confirma lo del dictamen anterior, Carabineros puede despedir al cabo, pero debe indicar los motivos por los que toma esa decisión. De este modo el fallo concluye que "en aquellos casos en que la entidad recurrente decida adoptar una medida como la recién anotada (darlo de baja), debe motivar fundadamente su resolución".

En conclusión: Todo sigue como estaba, la Contraloría no se quiere responsabilizar por la suerte del cabo Martínez, y dice que es cosa de Carabineros decidir su baja; Carabineros tampoco se quiere pronunciar, y deja a la Contraloría como responsable de la decisión; y el gobierno menos aun, quien le pasa el cacho a Carabineros y la Contraloría en conjunto. ¿Qué tal?. Nadie quiere responsabilizarse de una decisión política que vulnera una resolución judicial. ¿Y por que tanto lío?: Pues, porque los extremistas quieren la cabeza del cabo, y el gobierno se la quiere entregar, pero sin ensuciase las manos. Que firme otro la baja del cabo. Una cosa es hociconear por la televisión, y otra muy distinta es terminar en tribunales por vulnerar los derechos del cabo, tal como anunció su abogado defensor. 

Por último. No confundamos las cosas, aquí no tiene nada que ver la “causa mapuche”; ni analizar si Catrileo era terrorista o un simple campesino; ni si el cabo tiró a matar o fue un accidente, ni nada de eso; ni la posición política de cada uno. Lo único que vale en este momento, es que el gobierno está pasando a llevar una resolución judicial para quedar bien con la extrema izquierda terrorista.

Pregunta 1: ¿Qué hubiera pasado, si Catrileo le hubiera disparado a Martínez, y el condenado fuera Catrileo?. ¿Estaría el gobierno “tan interesado” en perseguir al “asesino de un Carabinero”?.

Pregunta 2: ¿Qué diría el gobierno si Martínez se declara el huelga de hambre?. ¿Qué diría el INDH?. ¿Estaría la prensa ingresada en el tema?.

Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados; y con la medida con que medís, os volverán a medir. Mateo 7:2.