La Corte de
Apelaciones anuló el juicio que dejó en libertad a los no-terroristas del sur.
No sé si este asunto sube a la Corte Suprema. De todas maneras no debe importar
mucho, una cosa es anular este juicio, y otra muy distinta es que el nuevo
juicio, si es que existe, condenará a los reivindicadores sociales y étnicos.
Ya sabemos de qué se trata, esta gente no irá a la cárcel porque no puede ir a
la cárcel. Punto final.
Algunos, con
la señora Linconao, aseguran que la justicia está a favor de los que tienen
dinero. Otros aseguran que está a favor de quienes se declaran indígenas. También
conocemos gente que asegura haber visto jueces favoreciendo a terroristas, o a
no-terrorista.
Los juzgados
de familia favorecen a las mujeres por sobre los hombres. Los juzgados del
trabajo defienden a los trabajadores, que serán tal vez todos buenos; y liquidan
a los empleadores, probablemente por ser todos malos.
Ni hablar de
juzgados de derechos humanos, que consideran a algunos más humanos que otros y
con más derechos que los demás. La Fiscalía tiene en las cuerdas a los Penta, a
Longueira, a Moreira y a Orpis; del otro lado no se sabe nada, ni se sabrá. Si usted
no da una boleta, evade impuestos. Si recibe plata en sobres mientras es
ministro de la Concertación, el SII declara que esos dineros no son
tributables.
En fin, todo
puede pasar en Barbarilandia, menos un par de cosa, entre ellas que los chilenos
vestidos de indígena que asesinaron al matrimonio en el sur terminen en la cárcel.
No, eso no sucederá, ni en este juicio ni en otro.