¡CHAO JEFE!

El gobierno anuncia una reforma a la ley laboral. Modificarán lo que está prohibido y lo que es obligatorio. Los señores políticos dirán qué estará prohibido y que será obligatorio desde ahora en adelante, y qué se podrá negociar y qué no ¡Viva la libertad!

No voy a “dentrar a picar” sobre las ocurrencias de quienes saben qué nos conviene y qué no, eso lo pueden encontrar en los diarios que nos informan. Esto lo decidirán entre los señores políticos, la CPC y la CUT. Veremos cómo se ponen de acuerdo quienes tienen agendas distintas y contrapuestas. La CPC querrá jornadas flexibles (entiéndase por esto disponibilidad total de la gente, ojalá 24/7); los políticos querrán lo que diga la voz del pueblo; y la CUT querrá cualquier cosa que signifique conflictos laborales. Cada uno vive de lo que puede.

Lo que no se modificará será lo más importante de todo, lo que entrega libertad a trabajadores y empleadores, y quita poder a burócratas, políticos, sindicalistas conflictivos y empresarios corporativistas: la indemnización por años de servicios. El veneno de toda relación laboral y campo fértil para aventureros de la política y el sindicalismo.

La indemnización por años de servicios responde a una idea añeja, donde el trabajador se supone es un pobre infeliz, irresponsable y borracho que debe ser protegido, debido a que debe llevar plata a la iñora que espera en la casa con media docena de hijos hambrientos. Y el empresario es un millonario panzón, explotador y sinvergüenza que esclaviza al prójimo ¿Una solución a esta caricatura? Simple: una ley. Una donde al empleador no le convenga despedir y al trabajador no le convenga renunciar. Y comenzaron los líos, la desconfianza, las sacadas de vuelta, los sueldos lo más bajos posible, el trabajo mal hecho y la falta de incentivos.  

Resultado de esta nefasta ley: Dos tipos de contrato, uno indefinido que sobreprotege al trabajador, y uno a plazo fijo cuyos efectos son trabajos de corto plazo y lagunas previsionales. Todo mal.

La solución todos la conocemos. En primer lugar, no debe existir algo así como una indemnización por dejar de trabajar, lo que puede existir, si acaso, es un ahorro, fórmula que se utiliza en los contratos de trabajadoras de casa particular (supongo que así las llaman ahora). Medio mes de sueldo por año trabajado, depositado en cuotas, mensualmente, en una cuenta para estos efectos que administrarán las AFP, y que el empleador pagará junto a las cotizaciones previsionales. Junto a esto, se terminan todas las causales de despido, debido a que la “indemnización” se pacta al momento del contrato.

La empresa puede despedir cuando quiera, y el trabajador puede renunciar cuando quiera, el dinero estará ahí a su disposición. No más líos laborales, ni juicios, ni abogados llevándose una tajada, ni Inspección del Trabajo, ni sindicalistas protegiendo bandidos, ni empleadores instando a que el trabajador se vaya si no le gusta el trato. Todo simple, todo limpio, todo acordado al inicio de la relación laboral.

Además, es la mejor manera de mejorar los salarios. En el momento en que un trabajador encuentre un mejor empleo, renuncia en el acto y no deja de percibir un solo peso de lo ahorrado ¡Sí!, el trabajador sería el gran beneficiado, pero eso a los políticos y sindicalistas no les conviene, los deja fuera del negocio. Crearían un hombre libre que ya no los necesitará.